La entrada en vigor del pasaporte COVID ha traído consigo un sinfín de opiniones positivas y negativas al respecto. Se trata de un pasaporte, que dependiendo de la comunidad autónoma en la que residamos, nos lo solicitarán para entrar en distintos establecimientos. Por ejemplo, nos lo podrían pedir para entrar a comer en restaurantes, en salas de cine o en ciertos lugares donde sea necesario quitarse la mascarilla para ingerir comida.

 

La obligación de presentar el pasaporte en prácticamente cualquier lugar público de ocio por ejemplo en la Comunidad Valenciana, ha llevado a ciertos ciudadanos a ensalzar su bandera de la libertad, el derecho a la intimidad y la protección de datos.

 

El requerimiento deberá cumplirse porque así lo marca la resolución de la Consejería de Sanidad. Es una normativa que está avalada por el TSJ de la Comunidad Valenciana, pero es importante saber qué dice la justicia acerca de los derechos fundamentales que ciertas personas creen que están perdiendo.

 

Según se señala, el auto que da validez a la obligación de presentar el tener la pauta de vacunación completa, la PCR negativa durante los tres últimos días o haber pasado la enfermedad en los últimos cinco meses, no es tan obvia la vulneración de dichos derechos. Primeramente, alude al Tribunal Supremo, que considera que la posición de determinada documentación no vulnera algunos derechos referidos y la limitación de los mismos es bastante tenue.

 

Es importante remarcar que el pasaporte COVID no vulnera el derecho a la igualdad

 

Lo que sí recalca es la confrontación de la potente presencia de otros derechos fundamentales como es el derecho a la vida o la integración física.

 

Niega una vulneración del derecho a la igualdad

 

“La exhibición de la documentación señalada no vulnera el derecho a la igualdad pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están. Recordemos que la documentación reviste una triple modalidad, que resulta asequible a todos”, indica. De esta manera, se considera que prevalece el derecho a la vida y no la expansión de la pandemia.

 

En cuanto al derecho de la intimidad, protege el reducto más reservado de las personas, no pueden esgrimirse la prevalencia de este derecho frente al derecho a la vida y protección de la salud pública. “Es cierto que se trata de una información médica, pero las connotaciones que impone la situación de pandemia, el carácter masivo de la vacunación y la solidaridad que comporta la protección y ayuda entre todos, devalúa la preeminencia de la intimidad en este caso”.

 

De esta manera, se asegura que hay que tener en cuenta que la única información proporcionada, según el tipo de documentación presentada, será si se ha recibido la vacuna o no, si tiene la infección que provoca la pandemia y si se ha recuperado de la enfermedad. Asimismo, se indica que se trata de exhibir voluntariamente una documentación cuando se pretende entrar en el interior de ciertos establecimientos.

 

No vulnera la protección de datos

 

Por tanto, no se obliga a proporcionar datos médicos que se encuentran únicamente en el historial clínico de los pacientes. El supremo detalle lo siguiente:

 

El derecho a la protección de los datos personales pretende garantizar a la persona el control sobre sus propios datos, decidiendo sobre el uso y el destino de los mismos para evitar su tráfico ilícito. Se confiere al titular la facultad de oponerse a su uso, sin su consentimiento, para fines distintos a los que justificaron su obtención”, señala el Supremo.

 

“Mediante la regulación de la protección de datos se combaten, por tanto, los peligros y riesgos que se ciernen sobre el almacenamiento y la utilización indiscriminada de datos informáticos de cualquier tipo. Pues bien, respecto de este derecho fundamental a la protección de datos no se aprecia limitación alguna, cuando lo que se establece, para entrar en el interior de un determinado establecimiento, es la mera exhibición, es decir, enseñar o mostrar la documentación en cualquiera de las tres modalidades exigida”, continúa.

 

De esta manera, se señala que no pueden recogerse los datos de asistentes a los locales, ni elaborar un fichero, ni hacer un tratamiento informático al uso. “Nada de esto se permite en la citada Orden que impone la medida. Al contrario, en la misma se advierte que se trata de “la exhibición” de dichos certificados en “el momento de acceso” al local, y expresamente establece una prohibición, pues “no se conservarán esos datos ni se crearán ficheros con ellos””.